Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley para crear la Canasta de Discapacidad. La iniciativa apunta a medir el costo real de vida que afrontan las personas con discapacidad y sus familias en todo el país. De aprobarse, sería publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Contenido de la Canasta de Discapacidad
La propuesta legislativa establece que la Canasta de Discapacidad deberá incluir gastos esenciales vinculados a salud, rehabilitación y asistencia integral. Asimismo, incorpora costos relacionados con inclusión educativa, laboral y social.
Entre los puntos contemplados aparecen prestaciones de salud, terapias y rehabilitación conforme al nomenclador vigente. También se incluyen transporte, acceso y movilidad, además de medicamentos, insumos y equipamiento tecnológico de apoyo.
Por otra parte, el proyecto considera servicios de asistencia y cuidado personal. Según el texto presentado en la Cámara de Diputados, la enumeración no es taxativa. Es decir, podrá ampliarse de acuerdo con las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
El proyecto de ley remarca que el indicador deberá contemplar parámetros objetivos y particularidades territoriales. De este modo, se busca reflejar las diferencias de costos existentes entre distintas regiones del país.
Dicha propuesta fue impulsada por los diputados Carlos Daniel Castagneto, María Teresa García, Mario Manrique, Paula Penacca, Florencia Carignano, Gabriela Estevez, Sergio Palazzo, Lorena Pokoik, Rodolfo Tailhade y Matías Molle.
Parámetro para actualizar prestaciones
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la Canasta de Discapacidad funcionaría como insumo estadístico oficial para el diseño y monitoreo de políticas públicas. Además, podría utilizarse para evaluar la actualización automática de aranceles de las prestaciones básicas.
En consecuencia, el indicador permitiría contar con una referencia concreta sobre el costo de vida de las personas con discapacidad. Esto toma relevancia frente a los reclamos de familias y prestadores, quienes advierten un fuerte aumento en los gastos de atención integral.
La presentación del proyecto coincide con una reciente actualización del 2,6% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad. De hecho, el Ministerio de Salud oficializó un incremento del 2,60% para mayo mediante la Resolución 517/2026.
