Mañana el Gobierno decidió convocar a empresarios y sindicalistas al denominado Comité Consultivo Mixto del sistema con el objetivo de llegar a un acuerdo para elevar las indemnizaciones de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, ART, luego de cinco años de busca sin resultados, se intenta lograr un acuerdo para modificar por decreto algunos aspectos de la ley de riesgos del trabajo. Los cambios serian sólo parciales.
Trataran de mejorar las prestaciones que cobran los trabajadores accidentados -o los familiares de los fallecidos- y de incluir en el listado de enfermedades profesionales -con cobertura a cargo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, ART, algunas que no están por ahora consideradas como tales.
Los cambios, sin embargo, no serían suficientes para corregir la normativa y dejarla en línea con la palabra dada por la Corte Suprema de Justicia, que consideró inconstitucionales varios artículos de la ley 24.557, vigente desde julio de 1996.
Sin embargo, el problema fundamental radica en un punto, que es el que mantienen parado le avances de la nueva Reforma entre los empresarios y los sindicalistas, es el límite que impone la ley actual para que los trabajadores afectados por algún accidente o enfermedad litiguen contra el empleador. Los jueces declararon hace ya cinco años la inviabilidad de esa disposición, lo cual -junto con otros fallos desfavorables para el sistema- provocó un fuerte crecimiento de la litigiosidad.
La posibilidad o no de llevar a juicio al empleador es uno de los principales temas que ponen distancia entre los actores sociales:
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CGT sostiene que los trabajadores deberían tener el derecho de cobrar de la ART e ir a la Justicia.
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Unión Industrial Argentina, UIA, y otras entidades empresariales argumentan que, para que el sistema sea previsible, debería optarse por alguna de las dos vías de indemnización.
Carlos Tomada, ministro de Trabajo, recibió, junto con el superintendente Juan Horacio González Gaviola, a los dirigentes de la UIA Héctor Méndez, José Ignacio de Mendiguren y Daniel Funes de Rioja, y al secretario general de la CGT, Hugo Moyano, que estuvo acompañado por el abogado Héctor Recalde, también diputado del Frente para la Victoria. Allí, Tomada habló de promover cambios por decreto.
Los industriales, ayer tuvieron una reunión en la cual consideraron el tema con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, con quien seguirán dialogando hoy.
Aún nadie habló cual sería la modalidad para subir las indemnizaciones, pero Recalde ya confirmó que por parte de la CGT se llevará la misma propuesta que ya habían presentado anteriormente como proyecto de ley: el objetivo es que los montos por cobrar en los casos de incapacidad permanente o muerte tengan un piso -de 250.000 o 300.000 pesos, según el caso-, pero no un techo, como sí existe en la actualidad.
Mientras que, de parte del sector de los empresarios no creen que una suba de las indemnizaciones alivie el problema de la alta judicializad, ya que se considera que podría desatarse una carrera entre los montos dispuestos por las normas y los que resuelvan los jueces.
En cambio, Recalde, consideró que si bien lo ideal es la reforma legal, «no está mal lo que se busca hacer, porque el trabajador no pleitea porque sí», sino por lo insuficientes que resultan las cifras por cobrar.
Por otro lado, a las enfermedades laborales, podrían sumarse al listado las lumbalgias, las várices y las hernias. Según las ART, ya existe un mecanismo para reclamar por vía administrativa la cobertura de patologías no listadas, pese a lo cual muchos reclamos comienzan por tramitarse directamente en la Justicia.
La Nación
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si yo quisiera saber cuanto me corresponderia cobrar,tengo 27 años y trabajando en forjado quede medio sordo,y tengo problemas en las manos la art me dictamino ipoacusia y sindrome del tunel carpiano