ANSES: Nuevas denuncias por fondos de las AFJP

Ahora la Administración Nacional de la Seguridad social, ANSeS, deberá responder a dos denuncias penales por supuestos fraudes, las cuales fueron presentadas por diputados de la oposición. El supuesto fraude al organismo público Nacional ANSeS fue realizado a la gestión de los recursos, por decisiones tomadas por Amado Boudou, ministro de economía, en el momento que se encontraba al frente de la administración con fondos de garantía de sustentabilidad del antiguo régimen de reparto.

María Fernanda Reyes, diputada por la Coalición por la Capital Federal, el día 5 de octubre inicio una demanda que cayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de la Jueza María Romilda Servini de Cubría.

Esta denuncia iniciada por «fraude a la administración pública» y «violación de deberes de funcionario público» cuestiona la compra de títulos públicos a un precio superior al de mercado, lo que habría perjudicado, siempre según lo indica la demanda, en $ 475,16 millones el valor del fondo de garantía de sustentabilidad del sistema jubilatorio.

La diputada Reyes en su escrito, cuestiona que ANSeS realizó una compra a la Tesorería de la Nación, de títulos Bonar 14, a un precio superior del valor de cotización en el mercado financiero superando el mismo en un 35,12%. Las secretarías de Finanzas y Hacienda el día 19 de junio de 2009 aprobó por medio de una resolución la muy cuestionada suscripción. Donde dispuso una ampliación de la emisión del Bonar 14, ANSeS, uno meses atrás los había tomado para ser canjeados, fueron llamados los «préstamos garantizados al Estado». En ese momento, un título que se negociaba en el mercado financiero a $65.25 fue pagado por ANSeS a $ 102,11 por cada $ 100 de deuda nominal.

Agregando en el escrito la diputada Reyes que según el datos que surge de las actas de una reunión realizada por el Comité Ejecutivo del fondo de garantía, el día 29 de junio se suscribieron efectivamente algo más de $ 1353 millones. Siendo esta operación financiera avalado por Amado Boudou y otros funcionarios acusados en la denuncia.

Advirtiendo la diputada Reyes que: «Nada justifica que la operación no se haya hecho a precios de mercado, que son los que miden el riesgo de los bonos del gobierno». Por lo que operadores financieros del sector privado coincidieron en que debió haberse hecho la suscripción siguiendo valores de cotización.

En noviembre del año 2008 al ser eliminadas las AFJP se aprobó una Ley por la cual se formaría una Comisión Bicameral de control de fondos de la ANSeS, con el dinero que los ahorristas tenían acumuladas en sus cuentas individuales, la diputada Reyes integra esta Comisión, la cual es presidida por Eric Calcagno, senador del Frente para la Victoria.

Claudio Lozano, diputado del Proyecto Sur por la Capital Federal, fue el encargado de realizar otra denuncia penal, que tramita el Juzgado Federal N° 9, a cargo de Octavio Aráoz de Lamadrid. Esta causa es iniciada por la compra, con recursos del fondo de garantía, de títulos de deuda pública que no cotizan en los mercados secundarios, algo que está expresamente prohibido por ley. En definitiva, la misma acusa que a principio del 2009, los funcionarios adquirieron los llamados préstamos garantizados, con la única intención de incrementar los efectos del canje de esos títulos que luego el Gobierno realizó, entregando a cambio los Bonar 14, los cuales son los mismos del eje de la denuncia de la diputada Reyes.

Lozano, dice que los informes de la ANSeS fueron presentados en la Comisión Bicameral del Congreso permitiendo que el organismo pueda deducir y cuando «debió haber comprado» préstamos garantizados por $ 2173 millones a otros inversores -en operatorias que el diputado define como «muy oscuras»-, entre diciembre de 2008 y febrero de este año, dado que existen inconsistencias entre el stock que se había declarado tener y el monto de tenencias de los bonos resultantes del canje. Agregando, el diputado, que aparentemente un informe presentado por Amado Boudou lo corrobora haciendo referencia en un ítem «compras PGs, por préstamos garantizados» pero por un monto de $ 2263 millones.

Advirtiendo, el diputado que la operatoria se hizo «a precios no conocidos», que pudieron haber sido «ruinosos» para el fondo.

La Nación

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