La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, mediante la Resolución General Nº 2.549 dispuso fijar un régimen de retención para que las empresas controlen la facturación de los monotributistas.
Dispone de un Régimen de Retención de los impuestos a las ganancias y al valor agregado, que será aplicable a los pagos que se efectúen a los sujetos adheridos al régimen simplificado para pequeños contribuyentes, monotributistas.
El régimen abarca estos casos:
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Locaciones o prestaciones de servicios, si en los últimos 12 meses efectuaron operaciones con un mismo sujeto por más de $ 72.000 (Este es el límite anual que debe facturar un monotributistas que esta encuadrado en locaciones y servicios).
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Honorarios judiciales, deberán considerarse los pagos efectuados y la entidad a través de la cual se realizan.
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Venta de bienes muebles, si en el último año realizaron operaciones por más de $ 144.000 anuales. La alternativa es que el precio unitario de venta exteriorizado en la factura o documento equivalente supere los $ 870.
Según indica la AFIP adopta esta medida ya que detecto que algunos monotributistas realizaron operaciones operaciones con un mismo sujeto o han percibido importes correspondientes a libranzas judiciales por montos que, acumulados en el período que establece la ley del gravamen para determinar la validez de su permanencia en el régimen, superan los importes máximos de ingresos brutos previstos.
Preciso que «el ejemplo básico es el de los honorarios regulados a los abogados en causas judiciales por una suma muy superior a la que permite el régimen del monotributo». Aclarando que la intención es «facilitar el ingreso de este dinero no declarado en el régimen de moratoria tributaria que ya fue sancionado, por lo que los contribuyentes tienen tiempo hasta fines de agosto para regularizarse sin problemas».
Las empresas podrán retener:
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Ganancias 28% sobre el excedente de $ 1200 en las locaciones o prestaciones de servicios y del 10% en las ventas de cosas muebles por encima de $ 12.000.
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IVA, para las operaciones con una alícuota del 21%, se retendrá el 16,8%, y para las que paguen el 10,5%, la mitad.
Ricardo Sosa, tributarista, dijo que la decisión «no es inconstitucional, aunque les impone una carga administrativa adicional a las empresas con sus proveedores».
10/02/2009 La Nación
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