El Gobierno oficializó un nuevo aumento en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas destinado a personas con discapacidad. La medida corresponde al mes de mayo de 2026. El ajuste impacta sobre servicios esenciales de atención, rehabilitación, transporte y asistencia integral.
Ajuste a prestadores de servicios para personas con discapacidad
La medida fue establecida mediante la Resolución 517/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud. La normativa fijó una actualización del 2,60% en los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad.
Por ello, impacta en todos los prestadores incluidos dentro del sistema regulado por la Ley 24.901.
Además, se determinó la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para prestaciones brindadas en las provincias patagónicas. Este plus busca compensar los mayores costos operativos que enfrentan los prestadores de la región. Por lo tanto, se mantiene el esquema diferencial aplicado en actualizaciones anteriores.
El sistema comprende prestaciones fundamentales para personas con discapacidad. Entre ellas se encuentran hogares, centros de día, transporte, rehabilitación y servicios educativos. Debido a ello, cada actualización de aranceles tiene impacto directo sobre miles de familias y profesionales del sector.
Incluir Salud debe garantizar la atención
Debido a problemas en la atención, la Justicia Federal de Córdoba ordenó al PAMI y al Programa Incluir Salud cumplir con los pagos adeudados a prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad. Además indicó que debe cumplir con las acreditaciones en tiempo y forma.
La medida tiene una duración de seis meses o hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.
Diputados impulsan una Canasta de Discapacidad
Paralelamente, un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley para crear la denominada Canasta de Discapacidad. La iniciativa propone que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) elabore y publique mensualmente un indicador específico sobre el costo de vida de las personas con discapacidad.
El proyecto establece que la canasta deberá contemplar distintos gastos esenciales. Entre ellos figuran prestaciones de salud, rehabilitación, terapias, transporte, medicamentos, insumos, equipamiento tecnológico y servicios de apoyo personal.
Además, la propuesta incorpora costos vinculados a educación, inclusión social y acceso laboral. De esta manera, se busca reflejar de forma más precisa la realidad económica que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias.
