Blanqueo laboral de trabajadores textiles y del calzado

El Estado Nacional presentó un Proyecto de Ley para impulsar el blanqueo laboral de trabajadores textiles y del calzado. Esto fue realizado luego de que el Gobierno sellara un acuerdo con los sindicatos y cámaras empresariales del sector. La propuesta incentiva a la formalización del empleo mediante la exención de cargas patronales hasta el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) a todas las empresas.

El Proyecto de Ley presentado declara el estado de emergencia para el sector textil y del cazado por un plazo de 180 días contados a partir de la promulgación y reglamentación de la normativa. Para acceder a los beneficio, tal como ocurre con las PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) las empresas tendrán que anotarse en un nuevo registro de AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).

Como indica el Artículo 13 del proyecto, los requisitos para formar parte del nuevo registro establecerán que se tendrá que mantener o incrementar la nómina de personal.

EL Artículo 11 de la iniciativa propone la creación del Plan de Informalidad Cero. El mismo exime del pago de contribuciones patronales hasta el SMVM ($8.060).

Otro de los beneficios de la norma es un bono de crédito fiscal intransferible equivalente a los aportes patronales, ART y el aporte patronal a la obra social. EL mismo podrá utilizarse para pagar hasta la totalidad del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias.

El Artículo 12 de la iniciativa exime de multas y deudas de la Seguridad Social a las compañías del sector que inscriban empleados en negro.

El Secretario de Transformación Productiva, Lucio Castro, indicó que en la firma del acuerdo han participado los representantes de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA); la Cámara del Calzado; la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI); la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños (Caibyn), la Fundación Protejer, de la Asociación Obrera Textil (AOT) y de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra).

En caso de sancionarse, el costo fiscal de este proyecto será de $1820 millones en 2018, de $1560 millones en 2019 y de $780 millones en 2020.

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